Por Martha Elba Torres Martínez
No fue amago, sino anuncio: el Presidente ajustará la Constitución vigente a sus leyes. Es más, de retener la mayoría legislativa en junio, de seguro da luz verde a la nueva Constitución Moral que desde febrero del 2020, ya tiene prácticamente lista, el comité redactor integrado por José Agustín Ortiz Pinchetti, Verónica Velasco, Enrique Galván y Jesús Ramírez, pero la pandemia se le atravesó.
Entonces, finalmente tiene sentido para esta columnista, la “cuarta transformación”: cambiar el Estado de Derecho -que construyeron con su sangre nuestros ancestros en la Independencia, la Reforma y la Revolución-, al derecho del Estado.
El Estado de Derecho, en su definición universal, se refiere “al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Las instituciones políticas regidas por dicho principio, garantizan en su ejercicio, la primacía e igualdad ante la ley, así como la separación de poderes, la participación social en la adopción de decisiones, la legalidad, no arbitrariedad y la transparencia procesal y legal.
“El Estado soy yo”, es el lema de la autocracia más radical, que la historia le atribuyó al rey Luis XIV ante los desacuerdos en la corte en París, a la aprobación de sus edictos. La frase indica lo absurdo que veía el monarca, al disentimiento, el debate y la discusión sobre sus propuestas pues desde su visión, tenían que ser aceptadas “sin cambiarle una coma”, como aplica para López Obrador.
Así, cambiar la Constitución para que el derecho de amparo de personas o entes, ante el abuso del poder público, es sin duda la expresión más pura del autoritarismo que busca implantar en México, López Obrador. Ya no encarna al “pueblo”, sino al Estado, con todo el derecho de suprimir cualquier expresión social que reclame.
El “pueblo” le vale madres, lo usa -votos- y lo somete -programas sociales-; su voluntad es la ley suprema y concentra en su persona, con todos los atributos y potestades estatales. Es la honestidad andando y su gobierno, purificador de la corrupción que dejaron sus antecesores.
Hoy más vigente que nunca, “El Pueblo soy Yo”, de Enrique Krauze.
El derecho de amparo es un medio de defensa procesal que tiene por objeto proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, en contra de actos de autoridad. En el caso de la disputa del Presidente contra jueces, son empresas contra términos de la Ley Eléctrica, que consideran violatorios a derechos.
-La Ley fomenta y prioriza la operación de centrales convencionales -combustóleo fósil- y desplaza las fuentes de energía limpias, lo que infringe acuerdos internacionales.
-Contraviene la garantía de competencia y libre concurrencia de los agentes económicos, el desarrollo sustentable y protección al medio ambiente.
Con estudios hasta 2015, apenas de pasante de Derecho, de acuerdo a su currícula en el portal de la Cámara de Diputados (Fuente: http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=485) la michoacana Reyna Celeste Ascencio, de la bancada de Morena, presentó anteayer una iniciativa de reformas a las fracciones XIV y XV del artículo 129 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución, para evitar que se otorgue la suspensión provisional y en su caso, definitiva, contra el régimen de remuneraciones de los servidores públicos y de fomento de empresas productivas del Estado (Pemex y CFE). Todo, en aras del “interés social y el orden público”.
Ayer, el propio Presidente confirmó la reforma Constitucional para imponer con calzador, su Ley. “Que el pueblo decida”, dijo. Y como el “pueblo” es él, el Estado, pues es el único con derecho.
Pero Celeste Aparicio me recordó al tristemente célebre Iván Pérez Negrón, otro que agarraron como kamikaze para lanzarse contra los fondos y fideicomisos. Los desaparecieron, pero el nieto de don Rafael Ruiz Béjar quedó como un despreciable “cadáver” político hasta para los morenistas. Les gustan las y los diputados federales michoacanos para hacerlos “perros del mal”…
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Coincido con mi estimado colega Alex Vivanco, que la presencia de los tres dirigentes nacionales de la alianza total (PAN, PRI y PRD), juntos, el pasado domingo en Morelia para levantar la mano de su candidato a gobernador, es un hecho inusitado. Si. Pero la política es tiempo y circunstancias y esto momento histórico tan terrible, los viene a unir.
Por eso, la alianza total en las diputaciones federales y para la gubernatura de Michoacán no puede cometer errores de principiantes. Esos despliegues tan ostentosos de la comitiva de Carlos Herrera, que dan miedo. Me tocó verlo esta semana en rumbos de las Américas, concretamente en una de las propiedades de los Ramírez en esa zona.
Ese domingo 14, en el obelisco a Lázaro Cárdenas, con una concentración totalmente rebasada para tiempos de pandemia. Eso de mostrar “músculo” es una jalada intolerable ante tanto contagio y muertes.
Tendrá el “Equipo” que armar las campañas sin riesgos para la población y para ellos mismos, más cuando los mercados electorales son tan diferentes: uno, las redes sociales, y el mayoritario, los “excluidos” de las TICs, un concepto global que se refiere no solo a los que no tienen acceso a Internet, sino también al uso que le dan a la tecnología. “Analfabetismo” digital, pues.
A Cristóbal Arias, candidato de Fuerza por México, me imagino quien lo convenció de llegar sobre caballo y un montonal de simpatizantes, a su registro ante el Instituto Electoral de Michoacán. Mal. Raúl Morón, el abanderado de Morena y PT, se inscribió ayer con un acompañamiento muy moderado. Bien.
El “Equipo” tendrá que poner orden. Primero, en la estructura jerárquica.
De todos los delegados políticos -pésimo término-: los dirigentes estatales Oscar Ledesma, Víctor Manríquez y Jesús Hernández, así como los suplentes, Pepe Hinojosa, Víctor Lenin y Marta Camarena, ninguno trae campaña estatal, como el senador Antonio García. Alguien debe ser el punto de equilibrio.
Si a eso se le suma toda la academia del doctor Erick López Barriga, hasta esta semana, jefe de la Oficina del Gobernador, puede desarrollar Carlos Herrera una campaña creciente, competitiva y de resultados.
El tema es que se deje conducir por los que saben y no por los que creen que saben. De estos, hay un chingomadral en todas las campañas. Por eso, las auditorias a ras de tierra son un instrumento excelente de medición…
