Por Martha Elba Torres Martínez
Morelia Michoacán a 27 de Noviembre de 2020. La formación de un gobierno de coalición en México quedó abierta desde 2014 con las reformas impulsadas desde el “Pacto por México” entre el entonces presidente Enrique Peña Nieto y partidos de oposición. Las reformas a los artículos 76 y 89 constitucionales vinieron a plantear una tercera vía para atenuar los efectos de un gobierno dividido y construir la gobernabilidad democrática entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
En abril de 2018, los partidos de la entonces coalición electoral “Por México al Frente” presentaron en la Cámara de Diputados una iniciativa para reglamentar la figura ya contemplada en la Constitución y que fuera aplicable a partir del 1 de diciembre, en caso de ganar la Presidencia.
Peña y el PRI la paró y el juego político dio un cambio monumental: triunfo el populismo y se entronizó el presidencialismo con la mayoría parlamentaria, que aventó a la congeladora, el proyecto de la ley reglamentaria.
Hoy el PRI esta abierto y dispuesto a las alianzas con otros partidos en las elecciones intermedias y locales en 15 estados, para construir el gran frente opositor que disuelva esa mayoría legislativa que ha entregado el poder absoluto al Presidente López Obrador.
Recordemos que un gobierno de coalición abona al ejercicio de gobierno en corresponsabilidad entre Poderes, desde los nombramientos del gabinete y en el diseño de políticas públicas.
De esta manera, el Presidente no puede nombrar libremente a sus colaboradores; existiría un jefe de gabinete encargado de informar, de manera permanente, de los avances del programa de gobierno de coalición, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores.
Otras de las características de esta figura de gobierno que rescato por ser el tema de interés en esta entrega, es la repartición de carteras de gobierno por parte del presidente, con algunos militantes de la oposición.
Así el estado de la cuestión a nivel federal: la ley reglamentaria para un gobierno de coalición sería aplicable para 2024, y siempre y cuando sea discutida y aprobada por la legislatura que se integrará en el 2021.
A qué voy con este tema: en Michoacán, la alianza electoral anti4T, conformada por el PRI, PAN y PRD -hasta ahora-, puede construir un acuerdo, de facto, sobre las bases de la figura jurídica para la gubernatura.
Las simples coaliciones electorales siempre dejan cadáveres en el camino, como incumplimientos de acuerdos y compromisos. El ejemplo que siempre tengo presente es el de Reginaldo Sandoval, del PT, que en las elecciones del 2015 aportó unos miserables votos a la causa de Silvano Aureoles, a cambio de seguir financiando su programa de escuelas “patito”, negocio que finalmente terminó desapareciendo con López Obrador.
El gobernador en turno siempre pone a sus cuates y cuatas y los absurdos “compromisos”. Lo hemos visto con los mandatarios de los últimos 20 años y Silvano no fue la excepción. Se la ha pasado con los mismos en diferentes cargos. Cosa aparte son el tesorero Carlos Maldonado y la coordinadora de Comunicación Social, Julieta López, pero todavía habrá más cambios, con las renuncias para buscar candidaturas.
Ya lo vimos con Carlos Herrera, el tercer secretario de Gobierno. El primero fue Adrián López que se fue de fiscal; el segundo, Pascual Sigala, tan apreciado, que se lo llevó el cangrejo. Ahora va por el cuarto, que puede ser Juan Bernardo Corona, ex secretario de Seguridad Pública, o el subsecretario Armando Hurtado, ambos son buenas cartas. Pero es decisión exclusiva del gobernador el nombramiento. Quien sea. Pero de eso parto para una reflexión que puede dar solidez y fuerza al acuerdo de facto, por un gobierno de coalición.
Hay varios tiradores para la gubernatura, además de Herrera Tello. Por el PRD, ya se apuntó el senador Toño García y Antonio Soto; fuera de Marko Cortés, el PAN no tiene gallo; el PRI es el que cuenta con más perfiles, comenzando con la diputada Adriana Hernández y el caballero Víctor Silva.
Pero cosa chistosa. Para estas elecciones, la militancia de partido en el frente opositor, más que sumar, resta. Por eso renunció al PRI, Ernesto Gándara, quien será el candidato de la coalición PRI, PAN y PRD para la gubernatura en Sonora. Un muy buen contrincante para el morenista Alfonso Durazo. Nada más con que le eche en cara las porquerías que hizo en seguridad pública federal, tiene.
Y seguramente las alianzas para el resto de gubernaturas irán en ese sentido, que el candidato no sea militante de ningún partido. Así se tira en Michoacán, el “independiente” Alfonso Martínez, que todavía no resuelve las denuncias penales por peculado y corrupción, durante su gestión como alcalde de Morelia en el trienio pasado.
Así las cosas, el candidato o candidata a la gubernatura, sería por consenso y respaldada por encuestas serias y profesionales. Si a eso le añaden la integración de prospectos para integración del gabinete, seleccionados por los partidos aliados, con excelentes perfiles, capacidad y honestidad comprobada, sería un magnifico plus para la propuesta de gobierno.
Cada uno, en sus respectivas esferas de competencia, podría elaborar el programa de trabajo coincidente, ajustado a la propuesta general, y avalado por el o la candidata, que sería permeado en la campaña en interacción con los votantes.
Después de la pifia, el gran fiasco que resultó López Obrador, Morena y sus aliados, la alianza anti4T tiene que innovar, cambiar las formas de comunicación y compromisos con el electorado. Ya no más promesas. Hechos y resultados positivos.
El reto es grande…
